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Se cumple un mes del mayor apagón de la historia reciente de España y las investigaciones sobre lo que sucedió aquel 28 de abril siguen su curso. Las piezas del rompecabezas ya se conocen y están sobre la mesa, aunque ahora hay que encajarlas y establecer la relación causal de los hechos, que quedará plasmada en el informe que tanto el Gobierno como Red Eléctrica esperan tener finalizado en un plazo máximo de tres meses, según adelantó la semana pasada la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

Después de cuatro semanas, las principales líneas de investigación apuntan a una situación de sobretensión en el sistema eléctrico peninsular "cuya causa y consecuencia están todavía por concretar".

El Gobierno calcula que la investigación para esclarecer las causas del apagón que dejó sin luz a la península ibérica el pasado 28 de abril se prolongará durante un periodo de entre tres y seis meses.

Durante el Pleno del Senado, la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha insistido en que siguen barajando todas las hipótesis sobre el origen del apagón, incluido un posible ataque informático: "Le aseguro que lo que aconteció ese día no fue una falta de las redes en este país. Le aseguro también que no hubo una falta de cobertura. Tampoco hubo un problema de reserva. Por favor, rigor para la ciudadanía, rigor en la aportación de soluciones", ha señalado la ministra.

Este lunes se ha conocido que sólo unos instantes antes del 'cero energético', hubo una tercera caída de energía. Fuentes del sector apuntan a una sobrecarga. La red habría llegado a los 471.000 voltios, cuando la tensión máxima soportada es de 460.000.

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha apuntado a "varias instalaciones de generación en el sur de España". Según ha podido conocer TVE, los incidentes se habrían producido en Huelva y Murcia.

Aagesen ha asegurado que su Ministerio no fue advertido en ese momento del riesgo de apagón. Y ha añadido que están reclamando nueva información a los operadores, a los distribuidores, y a las plantas de generación con una potencia superior a los 1.000 megavatios. Por su parte, la patronal del sector, formada por Iberdrola, EDP y Endesa ha negado responsabilidad y señala a Red Eléctrica.

Por su parte, la patronal ha pedido ser incluida en la comisión de investigación, algo que ha rechazado esta misma mañana el Gobierno. Este lunes, también se ha conocido que Red Eléctrica pidió hace un año al Ministerio de Transición Ecológica que se revisaran los criterios de protección del sistema eléctrico, por el riesgo que supone un mix compuesto cada vez más por fuentes renovables. El texto fue recibido en enero por el Ministerio, que de momento no lo ha incluido en la normativa.

Desde el apagón del pasado 28 de abril ha crecido el debate sobre mantener o no las centrales nucleares españolas.

Las renovables son abundantes y muy flexibles para conectar y desconectar de la red eléctrica, pero dependen del viento, el sol y el agua, que no son constantes. Esa constancia es la que aportan otras fuentes, como el gas o la energía nuclear. Por eso, dicen muchos analistas, que deben seguir en el mix eléctrico.

Diego Mateos, consejero delegado de GESE servicios energéticos, afirma que no hay que "eliminar ninguna de las energías que tenemos, porque cuanto más diversficado mejor".

El Gobierno pactó el cierre de las centrales nucleares con las empresas eléctricas que son propietarias de estas (Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP). Aceptaron en 2019 porque no les salía rentable seguir con las operaciones por el precio de renovación de las centrales, la tasa que pagan por la gestión de residuos radioactivos y la creciente competición por el uranio.

Antonio Turiel, físico en el Instituto de Ciencias del Mar, explica que la "extracción de uranio en el mundo está cayendo muy deprisa, algo que se sabía que iba a pasar, y de hecho esto está motivando que Francia tenga que ir a buscarlo a Kazajistán".

Clara Casas, directora de Soporte de Red y Servicios de Telefónica España, explica en Las Mañanas de RNE con Josep Cuní que el lunes hubo una "pérdida de energía eléctrica" en las redes de telefonía. "Los nodos de red tienen baterías y, si el corte de suministro dura muchísimo tiempo, poco a poco se van gastando", apunta Casas, que expone que esto es lo que propicia una falta de servicio en internet y las llamadas. En este caso, prosigue, esperan a que vuelva el suministro eléctrico a emplazamientos que tienen por toda España. Pero esto contrasta con la experiencia de muchos usuarios, que perdieron la cobertura desde el mismo momento que surgió el apagón, a lo que añade que en sitios puntuales se pudo notar una falta de cobertura en ese preciso momento hasta que las baterías entraron en servicio, pero que en parte de España "el servicio continuó funcionando".

Casas incide en su metodología de trabajo en el momento del apagón, por la que priorizaron las zonas donde hay cobertura en servicios esenciales, como los hospitales, para proveerles de continuidad de servicio: "Vamos priorizando así hasta que va volviendo la luz en cada sitio. Y, una vez que vuelve, la recuperación del servicio no es inmediata", afirma. Además, cuenta que esta recuperación se suele demorar por un "efecto avalancha": "En cuanto vemos una rayita en el teléfono, intentamos hacer llamadas, enviar un WhatsApp". A día de hoy, dice la entrevistada, se ha recuperado el 95% en el servicio móvil y más de un 97% en la red fija.

Javier Martínez Ortega, Vicepresidente del Colegio de Mediadores de Seguros, ha explicado en Las Mañanas los tipos de reclamación que se pueden ejecutar por el apagón eléctrico masivo. Se puede reclamar por los alimentos refrigerados o congelados, por los daños eléctricos a consecuencia del apagón en electrodomésticos, también se puede reclamar por la pérdida de beneficio económico por falta de actividad, y finalmente una reclamación en la que descansan las anteriores: la reclamación de daños y defensa jurídica.

Escucha la entrevista completa en RNE Audio.

El Pacto Verde europeo y su aplicación en materia de infraestructuras hídricas y de conservación de los ríos han vuelto al debate político tras el cuestionamiento en la Comunidad Valenciana por el acuerdo de presupuestos alcanzado por PP y Vox. Se trata de un conjunto de medidas impulsadas desde la Unión Europea para luchar contra el cambio climático.

En VerificaRTVE han hablado con expertos, ecologistas e instituciones sobre las implicaciones de este acuerdo en España. El análisis compartido es que el texto no prohíbe la limpieza de ríos ni la construcción de presas y tampoco obliga a demoler todas las barreras fluviales.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha tildado de "irresponsable" la renuncia al pacto verde que el president de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha pactado con Vox a cambio de su apoyo a los presupuestos autonómicos. Por eso, ha advertido que el Gobierno central estará "vigilante" ante las posibles acciones. "Tenemos que ver en qué se traduce", ha comentado este jueves en una entrevista en La hora de la 1.

Aagesen ha apelado a la responsabilidad de las comunidades autónomas ante el cambio climático, que ha recordado que ya está afectando al medio ambiente, pero también al tejido productivo e industrial. "Lo que ocurrió en Valencia es la cara más dura del cambio climático", ha afirmado, en referencia a las inundaciones por la dana del 29 de octubre, que causó más de 200 muertos.

Finalmente, la vicepresidenta ha recordado que el pacto verde es una política de la Unión Europea, "avalada" por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el Partido Popular Europeo. Así, se ha mostrado convencida de que en su próximo congreso, que se celebrará en Valencia, los populares europeos darán "un toque de atención" a Mazón y van a "reafirmar su compromiso con el pacto verde".

Foto: EFE/ Pablo Garrigós

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