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Este martes ha comenzado una huelga de tres días convocada por asociaciones de jueces y fiscales contra las reformas del Gobierno, que consideran una amenaza para la independencia judicial. Aunque el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) asegura que el paro carece de base legal, las asociaciones lo defienden como un derecho constitucional. En el informativo 24 Horas de RNE hablamos con Alejandro González Mariscal de Gante, magistrado y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

Desde la APM critican la actitud del Gobierno ante las protestas. Aseguran que el Ministerio de Justicia "ha ofrecido un cambio en la ley, respeta las movilizaciones y las medidas que adoptemos", pero Mariscal lamenta que "le resultan indiferentes, ya que ofrece exclusivamente reformas cosméticas".

Añade, además, que "la realidad es que lo único que observamos es que el Ministerio no tiene ninguna voluntad de diálogo, como ha demostrado durante mucho tiempo", y concluye que "lo que buscan es reducir la inversión, incrementar la carga de trabajo, no piensan en quienes integran la carrera e introducen reformas que afectan a los derechos de los ciudadanos".

Este martes han arrancado los tres días de huelga convocada por jueces y fiscales contra la reforma del Gobierno porque consideran que amenaza la independencia judicial. Ningún organismo oficial comunica el seguimiento porque el paro no tiene regulación legal, pero las asociaciones lo cifran en el 75%. El Ministerio de Justicia habla de normalidad casi absoluta.

Foto: EFE/ Javier Blasco

En el informativo 'Las Mañanas de RNE' hablamos con Luis Ortiz Vigil, miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), sobre la huelga convocada por las asociaciones de jueces y fiscales. "Haré servicios mínimos porque tengo que atender posibles incidencias, pero ejerceré mi derecho de huelga", explica.

Vigil asegura que la reforma del acceso a la carrera judicial supone "una auténtica cortapisa a la financiación de las asociaciones profesionales". "Lo que provocaría sería que la carrera judicial estaría integrada por una serie de personas que no habrían superado los baremos de excelencia a los que yo me tuve que someter en su día para ser juez. Eso debilitará la calidad de la justicia", nos cuenta el magistrado en RNE. Defiende que el sistema actual lleva funcionando bien en los últimos años y considera que la composición de la carrera judicial sea "plural y que responda a todos los sectores sociales sin dificultad alguna". Vigil asegura que los jueces "no somos ni de derechas, ni de izquierdas, ni de centro, sino jueces que servimos a la ciudadanía".

A pleno sol y frente al símbolo del poder judicial, el Tribunal Supremo, este sábado se han manifestado jueces y fiscales de cinco asociaciones diferentes que coinciden en su denuncia: creen que la reforma del Gobierno supone una clara injerencia en el poder judicial.

Y piden al Ejecutivo que la retire de forma inmediata. Centran sus críticas sobre todo en dos aspectos concretos, en los cambios a la hora de acceder a la carrera judicial y fiscal y la modificación del estatuto que deja en manos de los fiscales la instrucción de causas penales.

"No puede admitirse en una instrucción con garantías que un fiscal pueda recibir una orden singular de su superior, son incompatibles con un fiscal instructor independiente", señala el presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Miguel Pallares.

Han anunciado que mantienen la huelga prevista para la semana que viene y el ministro de Justicia les ha respondido: "Pido que se lean el proyecto de ley para comprobar que los motivos de la concentración de hoy son infundados, no hay absolutamente nada que afecte a la independencia judicial ni al Estado de derecho", ha recriminado Félix Bolaños.

Al final de la concentración, un grupo de personas han intentado impedir que los medios de comunicación, especialmente Televisión Española, informara sobre el acto.

Foto: EFE/ JP Gandul

Cinco asociaciones de jueces y fiscales se han manifestado este sábado frente a la sede del Tribunal Supremo para pedir la retirada de los proyectos legislativos emprendidos por el Gobierno, que reforman el acceso a la carrera y el estatuto del Ministerio Fiscal. La concentración, celebrada en la madrileña Plaza de las Salesas, ha servido de anticipo de la huelga de tres días convocada para el 1, 2 y 3 de julio. Foto: Thomas COEX / AFP

No todas las asociaciones de jueces y fiscales apoyan la huelga convocada para los días 1, 2 y 3 de julio contra las reformas del Gobierno sobre el acceso a ambas carreras y la Fiscalía, pese al CGPJ. Edmundo Rodríguez Achútegui, portavoz del Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia, ha mostrado su rechazo en el informativo 24 horas de RNE. "No es justificable que se pretenda presentar como causa de una huelga que un proyecto de ley, que ni siquiera se ha aprobado, va a comprometer la independencia judicial, cuando estamos seguros de que eso no es así", ha dicho Rodríguez. Ha admitido que el proyecto de ley necesita mejoras, pero ha insistido en que "lo que pretende la ley es incorporar un procedimiento de selección que ya existía hasta el 2003: que además de una prueba teoría se haga una práctica" y que es algo que ve "razonable y que permitirá que la selección sea mejor."

El Consejo General del Poder Judicial sostiene por unanimidad que no hay marco legal que sustente la huelga del 1, 2 y 3 de julio contra las reformas judiciales del Gobierno. Entiende que, aunque este derecho está recogido en la Constitución Española, no hay regulación al respecto para el caso de estos profesionales, al igual que ya pasó en 2009, por conformar uno de los tres poderes del Estado. La presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, señala que el órgano "no ha dicho nada nuevo" y que irán a la huelga "precisamente porque tenemos en cuenta lo que nos dice el CGPJ". "Como no tenemos expresamente reconocido el derecho, no hay un artículo que diga: "Los jueces no tienen derecho a la huelga", dice que no tenemos derecho a la huelga. Es tan excéntrico que causa risa", sostiene.

El sábado se van a concentrar frente al Tribunal Supremo. Recalca Del Barco que la huelga no es "contra el Gobierno" sino a favor del "Estado de Derecho y la independencia de los jueces". "Las asociaciones convocantes hemos reiterado que esto no es un acto partidista, ni es una reivindicación ni de izquierdas ni de derechas, ni contra el Ejecutivo ni contra el Legislativo", defiende. Todas las asociaciones, salvo las progresistas, están a favor de la misma, a pesar de que, dice, estas "tampoco están de acuerdo en puntos esenciales coincidentes con los mismos con los que no estamos de acuerdo el resto de las asociaciones profesionales". Aunque señala que ese 'no' solo representa a un 6% de toda la carrera judicial.

La huelga del metal continúa en la ciudad de Cádiz. Los sindicatos y patronal han sido citados hoy por el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Jerez para impedir que la huelga se convierta en indefinida a partir del próximo lunes. En Las Mañanas de RNE hablamos con Antonio Montoro, secretario general de UGT FICA Cádiz: "Los ánimos después de dos días de huelga van bien, esperamos hoy buscar soluciones". Los derechos que reclaman desde esta huelga son: "Una subida salarial en relación a una revisión con el tema del IPC, recuperar un concepto tóxico, penoso y religioso —que se perdió con la crisis de 2012— y un protocolo de regulación con el tema de los fijos discontinuos". Cumpliendo estos "puntos clave" se llegaría al acuerdo que reclaman desde la huelga.

Desde UGT piden a la patronal que entienda: "Este es un convenio de futuro, de paz social y definitivo para no escuchar ninguna vez más hablar del metal en las condiciones que se habla actualmente [...] Lo que queremos en Cádiz es trabajar, tener un convenio bueno y desarrollar nuestro trabajo con normalidad", concluye.

La primera jornada de huelga del metal de Cádiz se ha convertido en una auténtica batalla campal. Han volado cristales, clavos, piedras. Los contenedores, por su parte, han sido usados a modo de barricada, bloqueando el tráfico y los policías cargando con pelotas de goma.

Se han cortado calles y accesos a la ciudad y los trenes han dejado de circular por un incendio cerca de las vías. Desde primera hora los piquetes han impedido la entrada a los principales polígonos industriales

Las protestas llegan tras el fracaso de las negociaciones del nuevo convenio colectivo. Los sindicatos han calificado de éxito el seguimiento de la huelga y acusan a la patronal de mantener una postura inflexible.

Por su parte, la patronal del metal considera que la huelga está injustificada y acusa a los sindicatos de falsedades. Mañana segunda jornada de paros y, si no hay acuerdo, se harán indefinidos a partir del lunes 23 de junio.

Foto: EFE / ROMAN RÍOS

Las primeras horas de la huelga del metal en la provincia de Cádiz se están viviendo este miércoles con la quema de barricadas en las carreteras, cortes de tráfico que han ocasionado importantes atascos en Puerto Real y la interrupción de la circulación ferroviaria tanto de acceso como de salida a la bahía gaditana.

Los paros se mantendrán durante dos días, este miércoles y este jueves, antes de hacerse indefinidos a partir del lunes 23 de junio, si no se alcanza un acuerdo. Foto: EFE/Román Ríos

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