Jueces y fiscales mantienen la huelga contra las reformas del Gobierno pese al CGPJ y fijan servicios mínimos
- La Fiscalía comunica que tampoco puede fijar servicios mínimos para la huelga
- Las asociaciones indican que el Comité de Huelga ha fijado unos servicios mínimos
Casi todas las asociaciones de jueces y fiscales, menos las progresistas, han anunciado que mantienen la huelga convocada para los días 1, 2 y 3 de julio contra las reformas del Gobierno sobre el acceso a ambas carreras y la Fiscalía, a pesar de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) les advirtió de que carecía de sustento normativo, informando además de que fijarán servicios mínimos.
Así consta en un comunicado que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) enviaron a jueces y fiscales.
El CGPJ resolvió que el ejercicio de derecho a huelga de los togados carece de soporte normativo, "por lo que no procede tener por anunciada la convocatoria" ni fijar servicios mínimos.
También la Fiscalía dice no puede fijar servicios mínimos
También el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha comunicado en un escrito remitido a todos los fiscales jefes que el Ministerio Público no tiene competencias para fijar servicios mínimos en la huelga de tres días de la semana que viene.
“🔴 El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, dice en un comunicado a los fiscales jefe que no se puede prohibir la huelga de jueces convocada la próxima semana y que tampoco se pueden establecer servicios mínimos
— Radio 5 (@radio5_rne) June 27, 2025
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Asimismo alude al acuerdo adoptado por unanimidad por el pleno del CGPJ, que estableció que "el ejercicio de huelga de jueces y magistrados carece, en el momento actual, de soporte normativo, por lo que no procede tener por anunciada la convocatoria de huelga" ni fijar servicios mínimos, "al carecer el Consejo General del Poder Judicial de competencia para ello". García Ortiz recuerda que "el Ministerio Fiscal está integrado en el poder judicial con autonomía funcional", por lo que tampoco tiene competencias para fijar servicios mínimos.
Señala el fiscal general "que habrá de garantizarse la práctica de todas aquellas actuaciones judiciales o fiscales en las que la falta de intervención" del fiscal "pueda causar perjuicios directos para los derechos de los ciudadanos" y aquellos señalamientos fijados con anterioridad que se hayan mantenido.
Y acuerda asimismo que las jefaturas comuniquen a la Inspección Fiscal las incidencias que se produzcan, en su caso, en relación con la prestación de los servicios competencia del Ministerio Fiscal durante los días de huelga.
Un derecho fundamental
Las asociaciones convocantes responden que "el derecho de huelga es un derecho fundamental recogido en el artículo 28.2 de la Constitución Española" y, como tal, "no cabe interpretación restrictiva", por lo que "la ausencia de normativa específica de desarrollo" no puede suponer la exclusión de jueces y magistrados.
A ello suman que "se trata de un derecho de titularidad individual, que cada persona puede ejercer de manera autónoma y sin necesidad de autorización o comunicación previa", por lo que recalcan que "no existe obligación legal de comunicar por adelantado la decisión de ejercer el derecho de huelga".
En este contexto, advierten de que "cualquier intento por parte del empleador de condicionar, obstaculizar o coaccionar la decisión de un trabajador respecto a su participación en una huelga constituye una infracción muy grave".
No obstante, indican que, "con el único fin de facilitar un seguimiento aproximado del grado de participación", el Comité de Huelga ha habilitado unas direcciones de correo electrónico donde "quienes así lo deseen podrán comunicar, de forma voluntaria y confidencial, su decisión de secundar la huelga".
Asimismo, señalan que, "ante la falta de fijación oficial de servicios mínimos por parte del CGPJ y la Fiscalía General del Estado, respetando el sentido de las referidas indicaciones y el propio derecho a la huelga reconocido constitucionalmente", los ha establecido el Comité de Huelga "para garantizar la atención imprescindible a la ciudadanía, sin desvirtuar el derecho de huelga".
Por último, subrayan, "frente a quienes sostienen que esta huelga carece de efectos económicos" que "el ejercicio de este derecho conlleva una pérdida retributiva proporcional".
Avanzan asimismo que, "una vez finalizados estos tres días de huelga, y en función de la respuesta institucional y del estado parlamentario de las reformas, las asociaciones convocantes llevarán a cabo una evaluación conjunta de la situación" y "se actuará de forma coordinada para decidir sobre la continuidad o ampliación de las medidas, y la mejor fecha para implementarlas".
La AJFV, además, ha señalado que la reforma "va en contra de la modernización del Poder Judicial, de los estándares europeos y de todo lo que supone un Poder Judicial independiente". El portavoz de la asociación, Sergio Oliva Parrilla, ha subrayado en un comunicado que este "proyecto de ley que supondrá el retroceso más serio en el Poder Judicial en los últimos 40 años".
