Jueces y fiscales avisan de que la reforma del acceso a la carrera judicial es "un serio retroceso" del Estado de derecho
- Cinco asociaciones han emitido un comunicado sobre la reforma aprobada en el Consejo de Ministros
- Aseguran que es una "reforma de gran calado" que afecta "gravemente a principios constitucionales"
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Cinco asociaciones de jueces y fiscales —todas menos las progresistas— han advertido este miércoles de que la reforma del acceso a ambas carreras que propone el Gobierno supone "un serio retroceso" en el Estado de derecho y amenaza la independencia judicial y los principios constitucionales.
Así se expresan en un comunicado conjunto la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación de Fiscales (AF) —mayoritarias en sus respectivas carreras—, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
En dicho comunicado, se refieren a "la información conocida" sobre la modificación de la ley del Poder Judicial y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, aprobado el martes por el Consejo de Ministros.
Para estas cinco asociaciones, "las reformas descritas suponen un serio retroceso" al propiciar "un acceso arbitrario a la judicatura, restringir la participación democrática en órganos de gobierno y someter instancias clave a criterios partidistas".
Así, alertan de que ello "compromete directamente el derecho de la ciudadanía a una justicia profesional, imparcial e independiente".
Una "reforma de gran calado" que afecta "a principios constitucionales"
A lo largo de la nota de prensa, las asociaciones valoran diferentes puntos de la reforma, como el sistema de becas o los cambios en los exámenes. "El panorama que implica esta reforma, sin tomar en cuenta el resto de alegaciones que hicimos al anteproyecto, es desolador. Supone una reforma estructural, de gran calado, que afecta gravemente a principios constitucionales, como la igualdad, el mérito y la capacidad en el acceso a las carreras judicial y fiscal", inciden.
Por ejemplo, consideran que la eliminación de un examen oral en el turno libre podría haberse incluido "sin tener que rebajar las exigencias de conocimiento", algo que, sostienen, "supone una vuelta atrás de 30 años y un incremento de la subjetividad en la evaluación".
Asimismo, rechazan el proceso extraordinario de estabilización de los jueces y fiscales sustitutos al considerar que es "contrario a nuestros principios constitucionales" y a "lo que nos pide Europa". Argumentan que la convocatoria de un único proceso por carrera, sin número de plazas determinado y basado únicamente en un dictamen práctico y en una posterior fase de méritos, "no asegura la acreditación rigurosa de los conocimientos jurídicos necesarios".
Por último, denuncian un "retroceso democrático en la elección de órganos de gobierno" porque la pretendida reforma del sistema, "al imponer candidaturas individuales y restringir el derecho de sufragio a un único voto, limita injustificadamente la representación proporcional de la carrera judicial". "Este recorte contrasta con los estándares europeos, que reclaman una mayor intervención de los jueces en la elección de sus órganos de gobierno", agregan.
El único punto de la reforma que valoran es el sistema de becas y la supresión de medidas que eran contrarias a la conciliación de la vida personal, familiar y profesional.
Así las cosas, "con pleno respeto al proceso parlamentario", ratifican su "firme compromiso con la defensa de la carrera judicial y fiscal, y de los valores constitucionales", y avanzan que, si fuera necesaria, adoptarán "las medidas que resulten precisas para salvaguardarlos".
