- El ministro de Justicia pone en duda la legalidad del parón y exige que no cobren el salario correspondiente a los tres días
- Las asociaciones convocantes lamentan que el Bolaños pretenda "minusvalorar" las concentraciones "multitudinarias"
En el segundo de los tres días de huelga convocados por cinco asociaciones de jueces y fiscales en protesta por los proyectos legislativos del Gobierno, que buscan reformar el acceso a la carrera y el estatuto del Ministerio Fiscal, hablamos con Joaquín Giménez, magistrado emérito del Tribunal Supremo, en Las Mañanas de RNE: "Los jueces son un poder del Estado, como tal no se pueden ni se deben poner en huelga", afirma.
"Supone una manifestación clarísima de una Justicia militante que queda fuera de lo que debe ser la Justicia imparcial, al margen de los debates políticos", el magistrado hace referencia al filósofo francés Montesquieu: "La peor tiranía es la judicial que se ejerce a la sombra de la ley y al calor de la Justicia", dice. Por tanto, un juez no puede potenciar una "ruptura institucional", eso no quiere decir que no requiera una reforma. Aunque, según Giménez, "hay que entender que esta reforma supone una lesión contra el Estado de Derecho, nos olvidamos que Poder Judicial tiene que respetar al Legislativo", concluye.
Este martes han arrancado los tres días de huelga convocada por jueces y fiscales contra la reforma del Gobierno porque consideran que amenaza la independencia judicial. Ningún organismo oficial comunica el seguimiento porque el paro no tiene regulación legal, pero las asociaciones lo cifran en el 75%. El Ministerio de Justicia habla de normalidad casi absoluta.
Foto: EFE/ Javier Blasco
- Abusaron sexualmente en grupo de una menor de 14 años, durante una fiesta, en la Vall d'Albaida
- El tribunal considera probado que mantuvieron relaciones con la víctima con la participación o presencia de otros
- Protestan contra la reforma del acceso a la carrera y el estatuto del Ministerio Fiscal
- El CGPJ acordó por unanimidad que este paro carece de base legal
En el informativo 'Las Mañanas de RNE' hablamos con Luis Ortiz Vigil, miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), sobre la huelga convocada por las asociaciones de jueces y fiscales. "Haré servicios mínimos porque tengo que atender posibles incidencias, pero ejerceré mi derecho de huelga", explica.
Vigil asegura que la reforma del acceso a la carrera judicial supone "una auténtica cortapisa a la financiación de las asociaciones profesionales". "Lo que provocaría sería que la carrera judicial estaría integrada por una serie de personas que no habrían superado los baremos de excelencia a los que yo me tuve que someter en su día para ser juez. Eso debilitará la calidad de la justicia", nos cuenta el magistrado en RNE. Defiende que el sistema actual lleva funcionando bien en los últimos años y considera que la composición de la carrera judicial sea "plural y que responda a todos los sectores sociales sin dificultad alguna". Vigil asegura que los jueces "no somos ni de derechas, ni de izquierdas, ni de centro, sino jueces que servimos a la ciudadanía".
- Considera que la imputación de Emilio Argüeso no es "irrazonable ni arbitraria"
- El auto es un nuevo aval a las decisiones de la jueza de Catarroja que instruye la causa por la gestión de las riadas
A pleno sol y frente al símbolo del poder judicial, el Tribunal Supremo, este sábado se han manifestado jueces y fiscales de cinco asociaciones diferentes que coinciden en su denuncia: creen que la reforma del Gobierno supone una clara injerencia en el poder judicial.
Y piden al Ejecutivo que la retire de forma inmediata. Centran sus críticas sobre todo en dos aspectos concretos, en los cambios a la hora de acceder a la carrera judicial y fiscal y la modificación del estatuto que deja en manos de los fiscales la instrucción de causas penales.
"No puede admitirse en una instrucción con garantías que un fiscal pueda recibir una orden singular de su superior, son incompatibles con un fiscal instructor independiente", señala el presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Miguel Pallares.
Han anunciado que mantienen la huelga prevista para la semana que viene y el ministro de Justicia les ha respondido: "Pido que se lean el proyecto de ley para comprobar que los motivos de la concentración de hoy son infundados, no hay absolutamente nada que afecte a la independencia judicial ni al Estado de derecho", ha recriminado Félix Bolaños.
Al final de la concentración, un grupo de personas han intentado impedir que los medios de comunicación, especialmente Televisión Española, informara sobre el acto.
Foto: EFE/ JP Gandul
Apoyo del PP a la huelga de jueces. Los populares acusan al Gobierno de intentar "controlar el poder judicial" con leyes como la amnistía y con un motivo, a juicio de los populares, detrás: "Como consecuencia de la corrupción que acorrala al presidente del gobierno".
Los populares ponen el foco en la declaración el lunes que viene de Santos Cerdán. Preguntados por ello, en el PSOE son tajantes "Vamos a dejar que la justicia trabaje", ha asegurado el ministro Félix Bolaños. Reivindican la labor del Gobierno y señalan a la oposición: "Este Gobierno ha dejado un legado que ningún fango va a poder borrar. La peor oposición de la historia", ha criticado la ministra Pilar Alegría.
Pero mientras la investigación avanza, los socios del PSOE le piden más contundencia. Más duros son desde Podemos, que critican que Sánchez no vaya a comparecer para dar explicaciones sobre el caso Cerdán, hasta el 9 de julio. Acusan a Sánchez de atrincherarse y dan la legislatura por finiquitada.
Foto: Juan Barbosa / Europa Press
Cinco asociaciones de jueces y fiscales se han manifestado este sábado frente a la sede del Tribunal Supremo para pedir la retirada de los proyectos legislativos emprendidos por el Gobierno, que reforman el acceso a la carrera y el estatuto del Ministerio Fiscal. La concentración, celebrada en la madrileña Plaza de las Salesas, ha servido de anticipo de la huelga de tres días convocada para el 1, 2 y 3 de julio. Foto: Thomas COEX / AFP
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha reaccionado ante las movilizaciones de jueces y fiscales por la reforma del poder judicial. En su opinión, "no hay nada que afecte a la independencia" de este poder público. Por eso, considera que "los motivos de la movilización son infundados". Y ha pedido que "se lea la ley": "que me digan una sola línea, una sola palabra, que afecte al Estado de derecho o a la independencia judicial".
Este sábado, cinco asociaciones de jueces y fiscales se han manifestado frente a la sede del Tribunal Supremo para pedir la retirada de los proyectos legislativos del Ejecutivo para modificar el acceso a la carrera y el estatuto del Ministerio Fiscal. Esta concentración es un anticipo de la huelga de tres días convocada para el 1, 2 y 3 de julio.
Respecto a la posición del Poder Judicial y del Legislativo, Bolaños ha pedido respeto para el Congreso y el Senado para "debatir una ley y, si hay mayoría, aprobarla". Y ha señalado que los mensajes sobre que esta norma amenaza al Estado de derecho o a la independencia judicial vienen de la derecha, del PP y de Vox.
Fotografía: Alejandro Martínez Vélez / Europa Press
- Cinco asociaciones han convocado la protesta como anticipo de la huelga de tres días prevista para el 1, 2 y 3 de julio
- Bolaños asegura que "ni una sola línea de la reforma" afecta a la independencia judicial
Conversamos con Blanca Frías, presidenta de la Asociación ANCEME, la primera asociación para víctimas de estafas con manipulación emocional en España. Blanca nos habla sobre las características de estas estafas que son en realidad violencia digital, los prejuicios sociales, las dificultades para denunciar y las limitaciones legales.
No todas las asociaciones de jueces y fiscales apoyan la huelga convocada para los días 1, 2 y 3 de julio contra las reformas del Gobierno sobre el acceso a ambas carreras y la Fiscalía, pese al CGPJ. Edmundo Rodríguez Achútegui, portavoz del Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia, ha mostrado su rechazo en el informativo 24 horas de RNE. "No es justificable que se pretenda presentar como causa de una huelga que un proyecto de ley, que ni siquiera se ha aprobado, va a comprometer la independencia judicial, cuando estamos seguros de que eso no es así", ha dicho Rodríguez. Ha admitido que el proyecto de ley necesita mejoras, pero ha insistido en que "lo que pretende la ley es incorporar un procedimiento de selección que ya existía hasta el 2003: que además de una prueba teoría se haga una práctica" y que es algo que ve "razonable y que permitirá que la selección sea mejor."
En el informativo del '24 Horas de RNE', hablamos con Luis Ortiz Vigil, miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), sobre la huelga convocada por las asociaciones de jueces y fiscales, excepto las progresistas, para los días 1, 2 y 3 de julio, en protesta por las reformas del Gobierno sobre el acceso a ambas carreras y a la Fiscalía.
Respecto a la convocatoria de la huelga, desde el AJFV aseguran que se fijarán los servicios mínimos según el comité de huelga, porque, según aclara Ortiz, "somos responsables y sabemos que en un conflicto colectivo tiene que haberlos". Si hay un responsable de todo lo que ocurre en esta movilización, es el Ministerio de Justicia, que, según el entrevistado, "la pelota está en su tejado". Añade que el comité de huelga "está dispuesto a hablar el día que sea, a la hora que sea y en el lugar que sea".
Los jueces y fiscales mantienen la huelga de la próxima semana contra la reforma del Gobierno de la carrera judicial, a pesar de que el CGPJ dictaminara que no tiene base legal. Las asociaciones conservadoras defienden que el paro es un derecho fundamental. El Ejecutivo dice que esa huelga no está regulada.
Foto: EFE/ Javier Blasco
- La Fiscalía comunica que tampoco puede fijar servicios mínimos para la huelga
- Las asociaciones indican que el Comité de Huelga ha fijado unos servicios mínimos
- Confirma que el techo de la compensación actual no permite siempre indemnizar el daño causado
- Es consecuencia de una demanda que presentó CC.OO. ante el Comité Europeo de Derechos Sociales en 2022
A principios de siglo XVI, un grupo de indígenas americanos interpusieron una demanda ante la justicia española porque consideraban abusivos los impuestos que se les imponían. ¡Y la ganaron!
El Tribunal Constitucional ha avalado ayer jueves la constitucionalidad de ley de amnistía. La mayoría progresista formada por seis jueces se ha impuesto a los cuatro magistrados conservadores que rechazaban la norma. En las 'Mañanas de RNE' analiza este tema Javier Pérez-Royo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla: "Cuando se plantee un conflicto entre el Estado y la Comunidad Autónoma no se puede pedir que se decida la fórmula de integración de Cataluña en España". Cree que la única forma de decidir esta forma de integración es "decidirlo democráticamente, en los parlamentos de Cataluña y las Cortes Generales".
El catedrático asegura: "Ahora se está poniendo fin a un proceso del año 2004, en el que se han producido cosas que no deberían haberse dado jamás". Sobre el Tribunal Constitucional cree que "se encuentra con un problema totalmente distinto al de 2010: el 155 es un artículo que estaba en la Constitución copiando a un artículo alemán, que allí no se ha hecho uso del mismo. El problema en España dejó de estar en la política para pasar a ser un problema en el ámbito del poder judicial y cuando se usa este poder para algo que no sirve esto lleva a un conflicto constitucional terrible, que no tiene solución como hemos visto en la práctica y que nos ha llevado diez años a un problema de idas y venidas", concluye.
El Consejo General del Poder Judicial sostiene por unanimidad que no hay marco legal que sustente la huelga del 1, 2 y 3 de julio contra las reformas judiciales del Gobierno. Entiende que, aunque este derecho está recogido en la Constitución Española, no hay regulación al respecto para el caso de estos profesionales, al igual que ya pasó en 2009, por conformar uno de los tres poderes del Estado. La presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, señala que el órgano "no ha dicho nada nuevo" y que irán a la huelga "precisamente porque tenemos en cuenta lo que nos dice el CGPJ". "Como no tenemos expresamente reconocido el derecho, no hay un artículo que diga: "Los jueces no tienen derecho a la huelga", dice que no tenemos derecho a la huelga. Es tan excéntrico que causa risa", sostiene.
El sábado se van a concentrar frente al Tribunal Supremo. Recalca Del Barco que la huelga no es "contra el Gobierno" sino a favor del "Estado de Derecho y la independencia de los jueces". "Las asociaciones convocantes hemos reiterado que esto no es un acto partidista, ni es una reivindicación ni de izquierdas ni de derechas, ni contra el Ejecutivo ni contra el Legislativo", defiende. Todas las asociaciones, salvo las progresistas, están a favor de la misma, a pesar de que, dice, estas "tampoco están de acuerdo en puntos esenciales coincidentes con los mismos con los que no estamos de acuerdo el resto de las asociaciones profesionales". Aunque señala que ese 'no' solo representa a un 6% de toda la carrera judicial.
- Los vocales se han reunido en pleno extraordinario para pronunciarse por la convocatoria de cinco de las siete asociaciones
- Aunque el derecho a huelga está reconocido en la Constitución, no está regulado para los jueces
- El presiente del Gobierno también celebra que el TC haya sentenciado que la norma es "constitucional"
- El líder del PP cree que la ley es un "ejercicio de corrupción" porque con ella compró Sánchez la investidura
- La corte de garantías declara constitucional la norma por seis votos frente a cuatro
- La situación de Puigdemont y Junqueras no cambiará porque el TC no se ha pronunciado sobre la malversación
- El juez ha pedido al Supremo que le investigue por malversación y falso testimonio en el caso Begoña Gómez
- El ministro se ha ratificado en su declaración como testigo y ha instado a ver la grabación
- En una exposición razonada, sostiene que podría haber cometido esos delitos en la contratación de la asesora de Gómez
- El juez se refiere a Bolaños como "investigado" pero esta condición solo la puede decretar el Tribunal Supremo
Todas y todos podemos convertirnos en víctimas de las ciberestafas emocionales o violencia digital. Esta semana en Al margen de la ley conversamos con Blanca Frías, presidenta de la Asociación ANCEME, la primera asociación para víctimas de estafas con manipulación emocional en España. Escúchalo este sábado a las 2 de la madrugada, una hora menos en Canarias, en RNE y Radio 5.
- El juez del Supremo Leopoldo Puente ve en la causa indicios de delitos de organización criminal y cohecho
Hablamos sobre la gravísima corrupción que hemos tenido conocimiento a través de dos secretarios de organización del partido en el gobierno.
Es algo grave, hay que decirlo siempre presumiendo su inocencia porque aun no han sido juzgados, pero el problema es que hemos oído sus voces, por eso nos atrevemos a decir esto, y nos preocupa mucho que el tejido administrativo este podrido.
- El día de la dana 228 personas fallecieron a causa de la riada
- El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar también se queda fuera de la investigación