Consejo General del Poder Judicial

En el segundo de los tres días de huelga convocados por cinco asociaciones de jueces y fiscales en protesta por los proyectos legislativos del Gobierno, que buscan reformar el acceso a la carrera y el estatuto del Ministerio Fiscal, hablamos con Joaquín Giménez, magistrado emérito del Tribunal Supremo, en Las Mañanas de RNE: "Los jueces son un poder del Estado, como tal no se pueden ni se deben poner en huelga", afirma.

"Supone una manifestación clarísima de una Justicia militante que queda fuera de lo que debe ser la Justicia imparcial, al margen de los debates políticos", el magistrado hace referencia al filósofo francés Montesquieu: "La peor tiranía es la judicial que se ejerce a la sombra de la ley y al calor de la Justicia", dice. Por tanto, un juez no puede potenciar una "ruptura institucional", eso no quiere decir que no requiera una reforma. Aunque, según Giménez, "hay que entender que esta reforma supone una lesión contra el Estado de Derecho, nos olvidamos que Poder Judicial tiene que respetar al Legislativo", concluye.

Este martes ha comenzado una huelga de tres días convocada por asociaciones de jueces y fiscales contra las reformas del Gobierno, que consideran una amenaza para la independencia judicial. Aunque el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) asegura que el paro carece de base legal, las asociaciones lo defienden como un derecho constitucional. En el informativo 24 Horas de RNE hablamos con Alejandro González Mariscal de Gante, magistrado y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

Desde la APM critican la actitud del Gobierno ante las protestas. Aseguran que el Ministerio de Justicia "ha ofrecido un cambio en la ley, respeta las movilizaciones y las medidas que adoptemos", pero Mariscal lamenta que "le resultan indiferentes, ya que ofrece exclusivamente reformas cosméticas".

Añade, además, que "la realidad es que lo único que observamos es que el Ministerio no tiene ninguna voluntad de diálogo, como ha demostrado durante mucho tiempo", y concluye que "lo que buscan es reducir la inversión, incrementar la carga de trabajo, no piensan en quienes integran la carrera e introducen reformas que afectan a los derechos de los ciudadanos".

Este martes ha arrancado el primero de los tres días de huelga convocados por cinco asociaciones de jueces y fiscales en protesta por los proyectos legislativos del Gobierno, que buscan reformar el acceso a la carrera y el estatuto del Ministerio Fiscal, y a pesar de que el Pleno del Consejo General del Poder judicial (CGPJ) acordó por unanimidad que este paro carecía de base legal. Según las asociaciones convocantes, de carácter conservador, han secundado la huelga 3 de cada 4 jueces y fiscales.

La huelga llega después de la concentración convocada el sábado pasado por las mismas asociaciones conservadoras frente a la sede del Tribunal Supremo, que congregó a miles de personas, entre ellas cientos de jueces y fiscales, para exigir la retirada de ambos proyectos, que, a su juicio, amenazan la independencia judicial.

Consideran que tanto el proyecto que modifica la ley del Poder Judicial, como el anteproyecto que reforma el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal "comprometen gravemente" la separación de poderes y la autonomía del Ministerio Fiscal" y denuncian que no responden a una verdadera demanda social ni contribuyen a solucionar los verdaderos problemas de la Justicia, sino que incrementan los riesgos de su politización.

• La Comisión Europea escribió una carta en julio de 2024 para exigirle al Gobierno que redujese la temporalidad
• El Gobierno ha impulsado una ley para convertir en fijos a jueces temporales y que provoca rechazo en el sector

A pleno sol y frente al símbolo del poder judicial, el Tribunal Supremo, este sábado se han manifestado jueces y fiscales de cinco asociaciones diferentes que coinciden en su denuncia: creen que la reforma del Gobierno supone una clara injerencia en el poder judicial.

Y piden al Ejecutivo que la retire de forma inmediata. Centran sus críticas sobre todo en dos aspectos concretos, en los cambios a la hora de acceder a la carrera judicial y fiscal y la modificación del estatuto que deja en manos de los fiscales la instrucción de causas penales.

"No puede admitirse en una instrucción con garantías que un fiscal pueda recibir una orden singular de su superior, son incompatibles con un fiscal instructor independiente", señala el presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Miguel Pallares.

Han anunciado que mantienen la huelga prevista para la semana que viene y el ministro de Justicia les ha respondido: "Pido que se lean el proyecto de ley para comprobar que los motivos de la concentración de hoy son infundados, no hay absolutamente nada que afecte a la independencia judicial ni al Estado de derecho", ha recriminado Félix Bolaños.

Al final de la concentración, un grupo de personas han intentado impedir que los medios de comunicación, especialmente Televisión Española, informara sobre el acto.

Foto: EFE/ JP Gandul

• Cinco asociaciones han convocado la protesta como anticipo de la huelga de tres días prevista para el 1, 2 y 3 de julio
• Bolaños asegura que "ni una sola línea de la reforma" afecta a la independencia judicial

Conversamos con Blanca Frías, presidenta de la Asociación ANCEME, la primera asociación para víctimas de estafas con manipulación emocional en España. Blanca nos habla sobre las características de estas estafas que son en realidad violencia digital, los prejuicios sociales, las dificultades para denunciar y las limitaciones legales.

No todas las asociaciones de jueces y fiscales apoyan la huelga convocada para los días 1, 2 y 3 de julio contra las reformas del Gobierno sobre el acceso a ambas carreras y la Fiscalía, pese al CGPJ. Edmundo Rodríguez Achútegui, portavoz del Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia, ha mostrado su rechazo en el informativo 24 horas de RNE. "No es justificable que se pretenda presentar como causa de una huelga que un proyecto de ley, que ni siquiera se ha aprobado, va a comprometer la independencia judicial, cuando estamos seguros de que eso no es así", ha dicho Rodríguez. Ha admitido que el proyecto de ley necesita mejoras, pero ha insistido en que "lo que pretende la ley es incorporar un procedimiento de selección que ya existía hasta el 2003: que además de una prueba teoría se haga una práctica" y que es algo que ve "razonable y que permitirá que la selección sea mejor."

En el informativo del '24 Horas de RNE', hablamos con Luis Ortiz Vigil, miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), sobre la huelga convocada por las asociaciones de jueces y fiscales, excepto las progresistas, para los días 1, 2 y 3 de julio, en protesta por las reformas del Gobierno sobre el acceso a ambas carreras y a la Fiscalía.

Respecto a la convocatoria de la huelga, desde el AJFV aseguran que se fijarán los servicios mínimos según el comité de huelga, porque, según aclara Ortiz, "somos responsables y sabemos que en un conflicto colectivo tiene que haberlos". Si hay un responsable de todo lo que ocurre en esta movilización, es el Ministerio de Justicia, que, según el entrevistado, "la pelota está en su tejado". Añade que el comité de huelga "está dispuesto a hablar el día que sea, a la hora que sea y en el lugar que sea".

• La Fiscalía comunica que tampoco puede fijar servicios mínimos para la huelga
• Las asociaciones indican que el Comité de Huelga ha fijado unos servicios mínimos

El Consejo General del Poder Judicial sostiene por unanimidad que no hay marco legal que sustente la huelga del 1, 2 y 3 de julio contra las reformas judiciales del Gobierno. Entiende que, aunque este derecho está recogido en la Constitución Española, no hay regulación al respecto para el caso de estos profesionales, al igual que ya pasó en 2009, por conformar uno de los tres poderes del Estado. La presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, señala que el órgano "no ha dicho nada nuevo" y que irán a la huelga "precisamente porque tenemos en cuenta lo que nos dice el CGPJ". "Como no tenemos expresamente reconocido el derecho, no hay un artículo que diga: "Los jueces no tienen derecho a la huelga", dice que no tenemos derecho a la huelga. Es tan excéntrico que causa risa", sostiene.

El sábado se van a concentrar frente al Tribunal Supremo. Recalca Del Barco que la huelga no es "contra el Gobierno" sino a favor del "Estado de Derecho y la independencia de los jueces". "Las asociaciones convocantes hemos reiterado que esto no es un acto partidista, ni es una reivindicación ni de izquierdas ni de derechas, ni contra el Ejecutivo ni contra el Legislativo", defiende. Todas las asociaciones, salvo las progresistas, están a favor de la misma, a pesar de que, dice, estas "tampoco están de acuerdo en puntos esenciales coincidentes con los mismos con los que no estamos de acuerdo el resto de las asociaciones profesionales". Aunque señala que ese 'no' solo representa a un 6% de toda la carrera judicial.

• Los vocales se han reunido en pleno extraordinario para pronunciarse por la convocatoria de cinco de las siete asociaciones
• Aunque el derecho a huelga está reconocido en la Constitución, no está regulado para los jueces

Todas y todos podemos convertirnos en víctimas de las ciberestafas emocionales o violencia digital. Esta semana en Al margen de la ley conversamos con Blanca Frías, presidenta de la Asociación ANCEME, la primera asociación para víctimas de estafas con manipulación emocional en España. Escúchalo este sábado a las 2 de la madrugada, una hora menos en Canarias, en RNE y Radio 5.

• Los datos publicados por el CGPJ muestra que entre enero y marzo se han practicado 7.334 lanzamientos
• Cataluña ha concentrado el 28,2% del total nacional, con 2.069, seguido por Andalucía, con 1.125

La llamada 'Ley Bolaños' ha provocado que este miércoles, en distintos puntos de nuestro país, cinco asociaciones de jueces y fiscales hayan salido a las calles para denunciar las presiones a las que se enfrentan en su profesión y reclamar la independencia judicial. En el informativo de '24 Horas de RNE', hablamos sobre este revuelo con Luis Ortiz Vigil, miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV).

Vigil considera que el señalamiento de jueces por críticas a autos, como en el caso de Ángel Hurtado, es "absolutamente prescindible y hace un flaco favor a la ciudadanía". Por ello, añade: "Debería hacerse pedagogía por parte de todos los poderes del Estado para explicar que el normal funcionamiento de la justicia es un beneficio para todos"

En estos momentos, según detalla el representante de la AJFV, "existen mecanismos disciplinarios contemplados en la Ley Orgánica del Poder Judicial", que prevén "la posible imposición de sanciones por faltas de diversas categorías, según el tipo de infracción en que se pudiera haber incurrido". Sobre esta cuestión, Ortiz Vigil apunta además que el Código Penal contempla mecanismos que podrían "castigar a un juez que hubiera llegado a cometer un delito", y añade que "estos mecanismos constituyen una garantía para el ciudadano de que quien pudiera haber perpetrado algún tipo de infracción de esa naturaleza sería convenientemente castigado".

Por último, Luis Ortiz Vigil valora cuál es la situación actual en el acceso a la carrera judicial: "Creemos que se pone en serio riesgo el Estado de Derecho con esa rebaja de la excelencia" y por eso reclaman "un procedimiento sosegado, tranquilo y ordinario, en el que se hable con rigor y técnica sobre cómo debe ser el acceso a la carrera judicial, y que nos lleve hacia una justicia moderna".

Asociaciones de jueces y fiscales han pedido al Gobierno la "retirada inmediata" de la reforma de la ley del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que, consideran, "amenaza" su "independencia", y han amagado con convocar una huelga.

Por su parte, la presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, ha hecho un llamamiento a autoridades y particulares para "recuperar el respeto y reclamo el cese de cualquier presión o interferencia en la labor judicial", un lugar en el que no caben las "presiones intolerables" o los insultos. "Cada vez que se pone en cuestión la capacidad de un juez para conocer de un determinado asunto, se está afectando la capacidad funcional del Poder Judicial y, en definitiva, se está afectando el Estado de Derecho", ha sentenciado.

Imagen: EFE/Morell

Asociaciones de jueces y fiscales han pedido al Gobierno la "retirada inmediata" de la reforma de la ley del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que, consideran, "amenaza" su "independencia", y han amagado con convocar una huelga.

Fátima Beardo, de la Asociación Profesional de la Magistratura, ha lamentado que "la independencia judicial, clave para hablar de una democracia real y de una verdadera integración en la Unión Europea, está bajo amenaza por las recientes iniciativas legislativas".

"Se pretende crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno y por ello con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de este país", ha asegurado María Rubio, de la Asociación Francisco de Vitoria, quien ha explicado que se está metiendo "la política dentro del órgano que debe velar por la ética de los jueces".

"Incrementará aún más, si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción", ha denunciado Ángel Perico, de la Asociación de Fiscales.

Por su parte, Carmen Cano, del Foro Judicial Independiente, ha pedido "la retirada de ambos proyectos y para el caso de que no sea así no descartamos la adopción de medidas de conflicto más intensas como la huelga.".

Imagen: EFE/ Daniel Gonzalez

Nos vamos al concejo de Boal (occidente de Asturias) para conocer la pelea de un grupo de vecinos que reclaman a las administraciones la clasificación y propiedad de los montes vecinales en mano común. Charlamos con Javier Pérez, abogado del despacho Calixto Escariz que asesora a la Coordinadora de Montes Vecinales en Mano Común; Miguel Ángel y María José, quienes cuentan con documentación familiar en la aldea de Fontescavadas e investigan sobre la antigüedad de estos montes en el Archivo Histórico Nacional; José Suárez, antiguo concejal de Boal que ya en la década de 1980 impulsó la recuperación de la gestión de estas tierras; y Carmen Molejón, miembro de la Plataforma Xente de Oscos-Eo, la cual defiende esta comarca reserva de la biosfera de la implantación de macroeólicos.

Programa 38. Xurxo Melchor, periodista de La Voz de Galicia especializado en sucesos y tribunales, nos cuenta que 'Nanysex', el mayor pederasta español y violador de bebés, ha salido de prisión tras cumplir el máximo de 20 años de la condena que se le impuso. Nos vamos al concejo de Boal (Asturias) para conocer la pelea de un grupo de vecinos que reclaman a las administraciones la clasificación y propiedad de los montes vecinales en mano común. La socióloga y criminóloga Victoria Pascual nos explica en qué consiste la práctica del canibalismo y analiza el caso de Issei Sagawa. Neus Sala dedica su Archivo criminal, en colaboración con el Archivo RNE, al tercer y último capítulo de la fuga de los 45 de la Modelo (1978).

¿Por qué un grupo de vecinos pelearía contra las administraciones por el monte? Esta semana en Al margen de la ley viajamos hasta el concejo de Boal, en el occidente de Asturias, para conocer una reclamación histórica sobre la propiedad de los montes vecinales en mano común. Escúchalo este sábado a las 2 de la madrugada, una hora menos en Canarias, en RNE y Radio 5.

Patricia Ramírez responde a la invitación de Al margen de la ley para contarnos lo que considera oportuno sobre la últimas noticias relativas a Ana Julia Quezada, la asesina de su hijo Gabriel Cruz. Patricia nos habla de la importancia del Estatuto de la víctima del delito, la necesidad de proteger a estas de los contenidos no respetuosos, nos informa de que se ha personado como acusación popular en la investigación sobre los privilegios de Quezada en la cárcel y recuerda el espíritu de la Operación Nemo como el mejor homenaje a la memoria de Gabriel.

Es posible que los avatares de la justicia nunca hayan condicionado tanto la vida política española como en los últimos años. Para hablar de esta situación y los problemas que ha podido generar para el teórico sistema de división de poderes en el que vivimos, contamos con el magistrado emérito del Tribunal Supremo Perfecto Andrés Ibáñez (Palencia, 1943), invitado a participar en estas Conversaciones con José María Brunet por su experiencia en el foro y por sus publicaciones. Se trata de un jurista que conoce la técnica y la ciencia, en especial en materia de derecho penal, pero que a ello une las lecciones recibidas de la experiencia personal y del análisis social. Con Perfecto Andrés Ibáñez queremos buscar respuestas. Por ejemplo, sobre los antídotos con que afrontar el problema de la politización de la justicia, sobre la existencia y hasta qué punto, de casos de lawfare –es decir de instrumentalización de los tribunales- en nuestro país. También hablaremos sobre el concepto de presunción de inocencia y su valor constitucional, sobre la lucha contra la corrupción y sobre cómo es y debería ser la formación de los jueces para que lleguen a serlo en las mejores condiciones, para sí mismos y para los ciudadanos a los que aplicarán las leyes y sus soluciones.

Conversamos con la jueza de instrucción Ana López-Suevos, magistrada gallega creadora de un protocolo pionero para los delitos sexuales, sobre el tratamiento de las víctimas, las características de este tipo de agresiones y la cobertura que les otorgan los medios de comuniación.

Programa 36. Xurxo Melchor, periodista de La Voz de Galicia especializado en sucesos y tribunales, nos habla de la conocida como casa de los horrores de Oviedo, una vivienda investigada por la Policía Local en la que los padres de 3 niños les tenían encerrados en condiciones insalubres. Conversamos con la jueza de instrucción Ana López-Suevos, magistrada gallega creadora de un protocolo pionero para los delitos sexuales, sobre el tratamiento de las víctimas, las características de este tipo de agresiones y la cobertura que les otorgan los medios de comuniación. La socióloga y criminóloga Victoria Pascual nos explica en qué consiste el efecto espectador. Neus Sala dedica su Archivo criminal, en colaboración con el Archivo RNE, al primer capítulo que relata la fuga de los 45 de la Modelo (1978).

¿Saben nuestros operadores jurídicos tratar a las víctimas de delitos sexuales? Esta semana en Al margen de la ley viajamos hasta Santiago de Compostela para conversar con la jueza de instrucción Ana López-Suevos, la magistrada gallega creadora de un protocolo pionero sobre actuación de delitos sexuales. Escúchalo este sábado a las 2 de la madrugada, una hora menos en Canarias, en RNE y Radio 5.

El último informe presentado por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial señala un leve descenso en las mujeres víctimas mortales de violencia de género. A pesar de ello, califican de "inasumible" la cifra de asesinadas: más de una cada semana. Casi un tercio de ellas había presentado denuncias previas contra sus agresores. Además, nueve niños han muerto a manos de sus progenitores en casos de violencia vicaria.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han difundido este miércoles, con motivo de los seis meses de la dana del 29 de octubre, un vídeo con el relato de la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 2 del municipio valenciano de Torrent, que se encontraba de guardia ese día.

Lucía Mayordomo, de guardia en su partido judicial el 29 de octubre y que trabajó desde el puesto de mando avanzado que montó en una gasolinera de la localidad de Paiporta, cuenta junto con su equipo, en un vídeo de 21 minutos y 54 segundos de duración, cómo actuaron esos días.

La magistrada asegura que "fue muy duro" y que salió del juzgado tras recibir la llamada de un guardia civil de Paiporta que le dijo que llevaba seis horas subido a un árbol sujetando a una persona mayor y que había bastantes fallecidos.

Decidió montar el juzgado de guardia en una gasolinera, el único punto con luz que encontraron. La dana dejó 227 víctimas mortales y un desaparecido.

Foto: EP/CGPJ.

Nos acompaña hoy, en el podcast de la serie Conversaciones con José María Brunet, el catedrático de derecho administrativo Tomás de la Quadra-Salcedo, quien fue ministro de Administraciones Públicas y de Justicia en la etapa de Felipe González como presidente del Gobierno. Nacido en Madrid en 1946, nuestro invitado fue también presidente del Consejo de Estado. Su perfil le concede, en suma, especial autoridad para tratar con perspectiva y experiencia algunos de los problemas más agudos de nuestro presente en España, como el de la separación de poderes y el papel de los jueces en la interpretación de las leyes. Sobre este asunto ha escrito una serie de artículos en el diario El País en los que sostiene, por ejemplo, que la decisión del Supremo de no aplicar la ley de amnistía a los condenados por malversación en el procés contradice de forma artificiosa la propia letra de la norma. Hablaremos con Tomás de la Quadra sobre las fricciones entre tribunales y de éstos con el poder ejecutivo. Abordaremos también de las incógnitas y desafíos que el segundo mandato del presidente norteamericano, Donald Trump, plantea a Europa y a sus esfuerzos por consolidar conceptos como los de justicia universal o delito de lesa humanidad.

• Registran un escrito de protesta ante el CGPJ, el TSJ de Madrid y los juzgados madrileños
• Advierten al CGPJ de las consecuencias de investigarles por informar de "un asunto de interés público"

• Incide en que forma parte del estado de Derecho que tribunales superiores revise lo resuelto por inferiores
• Apoya también a los jueces de la Audiencia de Barcelona que condenaron a Alves

• Aramendía se ha comprometido a poner todo su esfuerzo para "normalizar la actividad jurisdiccional militar"
• El nombramiento estaba pendiente desde octubre de 2021, que ha encadenado presidentes en funciones

• Advierte de que si la prueba no es "suficientemente rigurosa" puede "debilitar la independencia del Poder Judicial"
• "Las prácticas deben tener una función completamente formativa, y no de cobertura de necesidades coyunturales"

• Durante el último año se han registrado 95.650 rupturas matrimoniales según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
• Canarias, Comunidad Valenciana y Baleares son las regiones con más demandas de separaciones, divorcios y nulidades

• Coinciden en que ser mujer influye negativamente en las posibilidades de alcanzar puestos de responsabilidad
• El 80% de las encuestadas ve necesario fomentar la igualdad en el seno de la carrera judicial

El Consejo General del Poder Judicial ha aprobado dos propuestas distintas sobre el cambio de modelo en la elección de los vocales. Una ha sido presentada por la facción conservadora y otra por la progresista, que han remitido tanto al Gobierno como al Congreso y el Senado. Concluyen de esta manera varios meses de negociaciones que no han servido para alcanzar una propuesta común. Los conservadores plantean que estos 12 vocales sean designados en elección directa por los jueces, de manera que el Parlamento no tendría ninguna participación en el proceso de elección. Por su parte, el bloque progresista también plantea que los jueces participen en la elección de los 12 vocales judiciales, pero añade que después deberían ser avalados por las Cortes Generales.

• El bloque progresista y el conservador no han alcanzado una propuesta común
• EL CGPJ ha aprobado por unanimidad el informe con ambas proposiciones

El juez Adolfo Carretero, en conversación con Televisión Española, ha defendido su interrogatorio a Elisa Mouliaá en el caso del exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón. Asimismo, ha asegurado que pedirá que se investigue la filtración del vídeo. El aluvión de quejas por dicho interrogatorio ha llevado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a investigarlo, teniendo ahora que valorar si abrir o no un expediente. En caso de confirmarse, el magistrado tendría que declarar y, en el peor de los casos, un proceso como este podría acabar con la expulsión de la carrera judicial. Carretero asegura que se limitó a indagar si habías fisuras en el relato de la actriz y no cree que con Errejón su tono fuera más suave.

• El CGPJ abrió el pasado miércoles una diligencia informativa para estudiar el caso
• Carretero también investigará las filtraciones de ambas declaraciones