La juez envía a prisión a Francisco Martínez, exnúmero dos de Interior con Rajoy, y al hacker Alcasec
- Permanecerá en prisión preventiva hasta que la Policía asegure las bases de datos con la información sustraída
- Se le investiga junto al hacker Alcasec por presuntos delitos informáticos y de blanqueo de capitales
La jueza María Tardón ha ordenado el ingreso en prisión provisional de Francisco Martínez, secretario de Estado de Interior en el Gobierno de Mariano Rajoy, según fuentes jurídicas, tras su comparecencia como imputado en la Audiencia Nacional. Ha acordado la misma medida para los otros dos investigados, entre ellos el hacker José Luis Huertas, conocido como Alcasec.
Martínez entrará en prisión provisional sin fianza hasta que la Policía Nacional asegure las bases de datos supuestamente creadas por el hacker Alcasec para consultar toda la información que se obtuvo de manera ilícita.
La magistrada ha tomado esta decisión para el exnúmero dos de Interior ante el riesgo de destrucción o alteración de las pruebas. En el caso de Alcasec, además de estos dos factores, también ha apreciado el riesgo de reiteración delictiva y de fuga.
Alcasec desarrollaba un buscador de datos abiertos basado en IA
En su declaración ante la juez, durante 30 minutos -ha contestado al fiscal, al juez y a su abogado- ha asegurado que de la constitución de las empresas no puede desprenderse que conociera su evolución. Y que nunca se ha enriquecido de dato alguno al que haya podido acceder.
Alcasec al parecer, según su declaración estaba desarrollando un buscador que organiza con inteligencia artificial la información y datos de fuentes abiertas en internet. En el marco del asesoramiento legal que Francisco Martínez le presta a Alcasec, le ha facilitado el acceso a ese buscador para que lo pruebe y no ha visto nada anormal, pues todos son datos que pueden obtener en cualquier buscador comercial mercantil de pago, según ha asegurado.
Accedían a "datos privados y sensibles" de millones de personas
La jueza de la Audiencia Nacional les investiga por presuntos delitos informáticos y de blanqueo de capitales y les vincula con una red criminal dedicada a la realización de ciberataques de organismos públicos y empresas privadas para acceder a "datos sensibles y privados" de millones de ciudadanos que luego comercializaban en el mercado negro. Además, sospecha que utilizaban criptomonedas para blanquear los beneficios.
Concretamente, los delitos que investiga la magistrada son el de blanqueo de capitales, el de descubrimiento y revelación de secretos (intrusismo en un sistema informático y apoderamiento o cesión de datos reservados) y el de organización criminal. No obstante, los detalles no se han dado a conocer porque la causa se encuentra bajo secreto.
Construían "perfiles completos" de usuarios e instituciones
Esta organización desarrolló una infraestructura tecnológica altamente sofisticada que permitía maximizar la extracción, almacenamiento y procesamiento de los datos que obtenían de forma ilegal mediante estos ciberataques e intrusiones informáticas reiteradas.
A partir de esa acumulación progresiva de datos, la organización elaboraba "perfiles completos" y detallados de usuarios individuales e instituciones con el objetivo de maximizar su capacidad de control, explotación estratégica y comercialización de toda la información.
La presunta red criminal "estaba alojada en servidores distribuidos en la nube, que el grupo consideraba inaccesibles para los cuerpos y fuerzas de seguridad" y que la organización "operaba como una auténtica red de inteligencia privada, con funciones claramente diferenciadas".
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