La universidad pública en España, al límite: menos fondos, menos estudiantes y más desigualdad autonómica

La dependencia autonómica, un arma de doble filo

Los ingresos de las universidades públicas, de media, proceden en un 65% de los gobiernos autonómicos y en torno a un 17%, de la recaudación de tasas y precios públicos, un recurso para paliar la infrafinanciación que también fijan las comunidades. Así, las universidades de Cataluña y Madrid, que reciben en proporción menos fondos autonómicos, son las que más recaudan por matrícula. Esta medida para compensar menores ingresos públicos con mayores ingresos privados, según José Antonio Pérez, no solo limita el acceso a la educación universitaria de las familias con menor renta, sino que no ha ido acompañada de una ampliación de becas y ayudas al estudio.

Pérez recalca que estas diferencias se acentúan respecto al País Vasco y Navarra, cuyo concierto económico proporciona “entre un 60% y un 80%, respectivamente” de más recursos que al resto de regiones para ejercer las mismas competencias, de modo que al final cuentan con mayor financiación por estudiante con un menor esfuerzo relativo.

Ricardo Rivero advierte que si los gobiernos autonómicos no asumen según qué gastos pondrían en apuros al sistema, ya que las universidades tendrían que encajar partidas de cuantías considerables con sus propios recursos. El experto señala de nuevo el caso de las universidades andaluzas y, en concreto, la de Málaga, que tradicionalmente han recibido más recursos que otras comunidades para la financiación de personal –que supone dos tercios del gasto–. Ahora, “cada punto menos del capítulo de personal que las comunidades transfieran a la universidad supone un problemón para sacar adelante su presupuesto”, hace hincapié el experto de la USAL.

Con la presión de la Unión Europea para reducir la deuda del Estado y de las comunidades autónomas, las consejerías de Hacienda no son proclives a incrementar las partidas de todos los servicios públicos y destinar más o menos recursos es, al fin y al cabo, una decisión política. Esta situación está afectando especialmente a las universidades más endeudadas, como las catalanas, cuyo gobierno dedica en torno a un 3,5% de esfuerzo presupuestario a sus universidades públicas, un porcentaje lejano al de las otras regiones más pobladas del país.

Docencia o I+D+i, las dos caras de la financiación universitaria

El experto en gestión de recursos de la UPV, José Antonio Pérez, subraya que es crucial comprender cómo se distribuye la financiación entre docencia e I+D+i. “Las universidades con mayor enfoque en investigación captan más del 30% de los recursos, mientras que las orientadas principalmente a la docencia no superan el 10%”, detalla.

Las marcadas desigualdades territoriales de España también se hacen evidentes en la riqueza que sus comunidades dedican a I+D+i. Mientras Andalucía dedica un 0,26% de su PIB a investigación, Madrid (0,13%), a pesar de ser la comunidad más rica, se sitúa por debajo de la media y Baleares no supera el 0,06%. José Antonio Pérez evalúa que “la financiación para investigación es de mayor intensidad en territorios con una menor renta per cápita, porque, para ofrecer servicios equivalentes, estas comunidades se ven forzadas a invertir una mayor proporción de su renta disponible en gasto universitario”.

Por otra parte, Pérez defiende que la financiación autonómica por estudiante debe ser “similar y armonizada” para garantizar una educación universitaria homologable y que no debe estar supeditada al PIB de cada comunidad. El experto señala que el gasto en docencia es un valor más decisivo que los precios públicos para determinar el nivel de calidad del servicio. En este escenario, vuelve a destacar el caso de Madrid que, a pesar de destinar más de un 70% de su financiación autonómica a docencia, su gasto por alumno es el más bajo. Asimismo, Andalucía, aunque es la que más riqueza destina a I+D+i, en fondos para docencia se sitúa por debajo de la media.

Universidad a universidad: ingresos, gastos y endeudamiento

Sin tener en cuenta la incidencia de la actividad de I+D+i, los fondos autonómicos destinados por alumno muestran que el gasto depende en gran medida del tipo de estudios. Así, universidades politécnicas como la de Cartagena o Valencia casi duplican el gasto medio por alumno, cifrado en unos 6.000 euros. Según el experto de la UPV, este gasto se asocia a la mayor experimentalidad, pero, sobre todo, a su intensidad de gasto como universidades investigadoras.

En el otro extremo, Madrid, la región que menos gasto destina por alumno, presenta diferencias notables entre sus universidades. Mientras que la Politécnica, con una gran incidencia investigadora, supera la media nacional, la Rey Juan Carlos sitúa su gasto en poco más de 2.500 euros por alumno, el más bajo de todo el país. “Se trata de un modelo de intensidad docente con grupos grandes, una singularidad notable dentro del sistema universitario público y también del privado, que tiene grupos mucho más reducidos”, explica Pérez.

Según los presupuestos liquidados de las universidades en 2023, la Complutense de Madrid destaca por haber recibido una de las mayores financiaciones autonómicas, pero también por cerrar el año con el mayor déficit: 65 millones de euros. Según Ricardo Rivero, esta situación “crítica” se debe a que en los últimos años se ha beneficiado de unos fondos extraordinarios. “Ha ido viviendo de un recurso que le ganaron a la Comunidad de Madrid”, que le ha permitido recibir una inyección de financiación, pero ahora que ya no disponen de esa liquidez añadida “no les da” para cubrir los gastos adicionales que han generado. Para José Antonio Pérez, esta situación no deriva de una mala gestión, sino de la elevada cantidad de proyectos de investigación plurianuales que maneja y que alteran el flujo de cada ejercicio.

En ese sentido, los gastos comprometidos en investigación son clave para entender la situación financiera de las universidades, como es el caso de las catalanas, que reciben una gran parte de sus recursos de proyectos europeos o del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Sin embargo, estos fondos suelen estar reservados a fines específicos y, aunque den la impresión de un superávit, en realidad no se pueden reasignar y gastar libremente.

Por otro lado, los remanentes no comprometidos pueden provocar que las comunidades destinen menos financiación porque entienden que la universidad tiene superávit. Este es el caso de la Universidad Autónoma de Madrid, que es la más endeudada respecto a su patrimonio neto debido a su actividad investigadora y que ha equilibrado la infrafinanciación con remanentes de ejercicios anteriores.

Las cuentas anuales de las universidades ofrecen la foto fija de su estado en un momento concreto, aunque el gasto de una universidad puede variar mucho de un año a otro. Por ejemplo, “cuando se adquiere un edificio o se vende u otras circunstancias que pueden incrementar el gasto de manera sustancial y que explicarían cifras o porcentajes disparados de un año”, explica Marina Tomàs, catedrática jubilada de la UAB.

España frente al modelo europeo: el coste de depender del gobierno

En comparación con los modelos universitarios de otros países de Europa, la experta en gobernanza y financiación de la Asociación Europea de Universidades (EUA), Enora Pruvot, señala que el problema fundamental de las universidades públicas españolas es la combinación de una infrafinanciación prolongada en el tiempo –acentuada por recortes drásticos durante más de una década– y de una rigidez normativa.

“La autonomía de las universidades españolas es baja o media-baja y su sistema, al igual que el francés, es muy grande y bastante rígido, es decir, que las universidades tienen poca capacidad de acción”, explica. Existe, por ejemplo, una regulación estricta sobre la contratación de personal que conlleva que “una universidad podría tener menos estudiantes, pero no podría despedir a 20 profesores”, lo que es al mismo tiempo una limitación y una forma de no “dañar a la institución”.

Esta rigidez a la hora de tomar sus propias decisiones presupuestarias ensancha la distancia con la media europea. En España, la financiación pública universitaria supone un 0,82% del PIB y para equipararse al 1,08% de la Unión Europea habría que destinar al menos 3.000 millones de euros adicionales en financiación.

Los países de Europa se hallan inmersos en un debate similar sobre cómo hacer más eficientes sus universidades, y en este contexto surgen estrategias como la financiación basada en el rendimiento de sus actividades (matriculaciones o publicaciones científicas), convenios y políticas públicas para alcanzar objetivos o fusionar universidades para optimizar recursos a medio o largo plazo.

En un contexto en el que el gasto sigue en aumento como consecuencia de la inflación, las universidades europeas no esperan que la financiación continúe creciendo durante los próximos cinco años y tendrán que pensar en cómo obtener ingresos de otras fuentes, por ejemplo, asociándose con empresas. “Se trata de desarrollar una cartera de actividades sólida, donde las universidades generen ingresos de empresas, a través de contratos de investigación, educación o incluso servicios derivados, por ejemplo, de su patrimonio inmobiliario”, explica la experta. Sin embargo, esto no siempre es posible.

En esa línea, Pruvot respalda la preocupación de los rectores de las universidades españolas, algo que también reclaman e incluso se manifiestan en otros países con un régimen similar como Francia y otros sistemas como el de Países Bajos o Inglaterra que también “están llegando al límite de lo que pueden hacer”.

La experta asegura que, más allá de la regulación y los fondos, las universidades europeas deberían trabajar en mejorar su capacidad como instituciones estratégicas: “Pueden hacer campaña diciendo que están infrafinanciadas y que necesitan más dinero, pero también pueden estar preparadas, tener una estrategia sólida a largo plazo que las proteja, en cierta medida, de la vulnerabilidad y la incertidumbre”. Sin embargo, para dejar de ser “receptoras pasivas”, necesitan que “se abran algunas puertas” en términos de lo que se les permite hacer y de cómo conseguir ese apoyo.